El estado, el quechua y las jerarquías sociales

Ya que me animé a inicial un blog, aqui inserto algunos articulos que publique el año pasado en el suplemento Forma del Diario del Cusco, y que creo no han perdido actualidad.

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Trascribo algunos fragmentos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, recientemente aprobada el 7 del presente mes.

Artículo 8

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de […] toda forma de asimilación o integración forzadas.

Articulo 13

Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus […] idiomas […] Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas […].

Estos fragmentos son particularmente relevantes para comentar sucesos recientes que han llamado la atención sobre la relación entre Estado y los hablantes de idiomas indígenas. Me refiero al encontronazo entre María Sumire, Hilaria Supa y Martha Hildebrandt en el Congreso a raíz del proyecto de ley para La Preservación, Uso y Difusión de las Lenguas Aborígenes del Perú.

Podría ser que algunos piensen que defender la posición de las congresistas Sumire y Supa en el Cusco es predicar a conversos pues los cusqueños solemos ser campeones defendiendo “lo nuestro”. ¿No son patentes acaso nuestros discursos sobre la defensa del patrimonio cultural y de la herencia que nos dejaron los Incas? Pues bien, el problema es que las formas cómo entendemos esta defensa tienden a hacerle el juego a posiciones más cercanas a las de Hildebrant antes que a las de Sumire y Supa. Me explico:

El discurso cusqueñista de las instituciones oficiales tiende a defender el patrimonio cultural (ojo que aquí no hablo de monumentos) entendido fundamentalmente como vestigio de un glorioso pasado. En las celebraciones de la ciudad, en los discursos oficiales, en los eventos culturales se usa el quechua pero restringido a expresiones poéticas, cuando se quiere tocar fibras emocionales regionalistas. Se repite que debemos cultivar la herencia de nuestros antepasados pero la cultivamos abierta y públicamente -cuando lo hacemos- solo con frases pomposas o en el guión del Inti Raymi. Pero, ¿acaso es posible entrar en un banco y hacer una transacción en quechua? ¿Acaso se puede presentar una solicitud escrita en quechua a alguna autoridad? ¿Acaso el Ministerio de Salud ofrece información sobre métodos anticonceptivos en quechua? ¿Acaso los niños quechuahablantes reciben educación en su idioma?

Es obvio que en la región muchísima gente interactúa cotidianamente en quechua y no solo en ocasiones pomposas. El problema es que nuestra sociedad se niega a reconocer al quechua como un idioma en el cual se puede llevar a cabo interacciones consideradas “modernas” como aquellas que se dan en un banco, que se entablan por un oficio a una autoridad, o en un noticiero televisivo. Al mismo tiempo que se celebra el quechua como herencia de los antepasados, aquellos que lo hablan cotidianamente tienden a ser vistos como ignorantes e incultos. Parecería pues que estamos dando la razón a Martha Hildebrant cuando dice “Este proyecto de ley está mal. Pero está bien para quienes quieren estar bien con su conciencia, y mal con la realidad.” Si es que el quechua es ajeno al mundo “moderno” ¿qué sentido tendría que el Estado se comunique con sus ciudadanos en quechua (u otro idioma indígena)? Sería poco realista. No pues, los ignorantes tienen que aprender el idioma de la civilización para interactuar con el Estado que se supone los representa. Así piensa la señora Hildebrant y de algún modo, al encasillar al quechua con lo rural y el pasado, le hacemos el juego.

Para interactuar con el mundo oficial, con las instituciones ‘modernas’, en el mundo de la economía monetaria formal, los hablantes de lenguas nativas no tienen otra alternativa que aprender un nuevo idioma. Los quechuahablantes están forzados a aprender y vivir en un mundo dominado institucionalmente por el castellano. Resulta obvio pues que se trata de una situación de asimilación forzada que perdura ya desde hace varios siglos.

Quisiera subrayar que el problema fundamental aquí no es la defensa de algo que está desapareciendo. Que el quechua esté desapareciendo es antes la proyección de los deseos de su desaparición que una realidad sociológica y es una cantaleta que se viene repitiendo desde hace ya bastantes décadas. Esta defensa es funcional para nuestro orgullo regional y para situar al quechua en un espacio ajeno a lo contemporáneo. Lo que realmente está en juego no es la pervivencia del quechua sino la de las jerarquías sociales que se legitiman a través de las desiguales valoraciones del castellano y del quechua. En tanto el quechua siga siendo asociado esencialmente al pasado glorioso, a lo rural, y a lo tradicional las desigualdades y jerarquías de nuestra sociedad seguirán tal cual. Se necesita pues asumir que el quechua y cualquier otro idioma indígena son tan útiles como el castellano para toda interacción social. Y asumir esto solo se logrará a través de la práctica social, de políticas públicas, de acciones concretas.

Esto es urgente y además es, de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas (elaborada con activa participación peruana), un deber del Estado. Ese es un camino que no podemos ignorar si es que queremos una sociedad más democrática, inclusiva y tolerante. Deberíamos ya estar todos concientes de esto luego de la macabra realidad que nos enrostró la CVR: 3 de cada 4 víctimas fatales de la violencia política eran hablantes de algún idioma indígena. ¿Necesitamos un dato más brutal? Tal como el Artículo 43 de la citada declaración menciona, garantizar este derecho (y muchos más contenidos en ese documento) no es algo generoso o simplemente políticamente correcto. Se trata de hacer lo mínimo: Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.